El historial de juicios y los conflictos abiertos de los sindicatos de Walmart Chile

La filial local de la supermercadista estadounidense Walmart Chile debió enfrentar la semana pasada una huelga que la tuvo con al menos 75 locales cerrados -de un total de 395- durante seis días.

La Federación Nacional del Trabajador de Walmart, una agrupación de más de 100 sindicatos de esta empresa, reclamaba que la oferta de la firma era inferior al contrato colectivo vigente y, finalmente, se acogió al artículo 342 del Código del Trabajo para mantener las condiciones actuales y volver a negociar en 18 meses más, cerrando el proceso sin un bono de término.

Más allá de que, esta vez, el resultado de la movilización no dejó contentos a muchos de los trabajadores, ello no representó un hecho aislado para esta compañía. Hace años que la matriz de los supermercados Lider viene lidiando con una serie de arremetidas sindicales que la han llevado, incluso, a sufrir reveses en la justicia.

Los conflictos, casi en su totalidad, tienen su trasfondo en los contratos multifuncionales, elemento esencial de la transformación interna que ha estado realizando la empresa para adaptarse a la nueva realidad de la industria.

Walmart Chile es una de las compañías con mayor sindicalización en el país, lo que, sumado a que fueron pioneros en el retail en cuanto a la automatización de procesos y en orientarse hacia las ventas por internet -lo cual implicó la reconversión laboral-, hace que su caso sea mirado de cerca por todo el comercio, ya que se espera que marque un precedente para todo el sector.

En su proceso de transformación digital, además de una permanente reducción de la dotación, Walmart creó el cargo de “operador de tienda”, en el cual un mismo trabajador combina distintas responsabilidades, dejando así atrás las labores unifuncionales, como por ejemplo, los cajeros.

Los trabajadores reclamaron, entre otras cosas que, en la práctica, esto se traducía en que dos personas hacían el trabajo de una y que no tenían límites claros establecidos en sus jornadas.

Los reveses de la empresa

Los primeros golpes para Walmart llegaron con dos dictámenes de la Dirección del Trabajo (DT), en 2021 y 2022, que sostuvieron que el “operador de tienda” no se ajustaba a derecho y no daba las certezas necesarias para los empleados.

Y poco tiempo después, en noviembre de 2022, llegaría un revés más duro. El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo falló a favor del Sindicato Inter-Empresa Lider (SIL), asociación que está fuera de la Federación, aunque individualmente es el sindicato más numeroso de la supermercadista. El SIL había firmado un contrato colectivo de trabajo con la compañía que definía condiciones para avanzar en la transición hacia la multifuncionalidad, pero terminó acusando a la empresa de incumplir ese pacto y consiguió un triunfo en la justicia. El juzgado argumentó, en la misma línea de la DT, que los contratos no entregaban certezas laborales a los trabajadores.

La Corte de Apelaciones ratificó ese fallo y Walmart lo elevó a la Corte Suprema, donde permanece a la espera del veredicto final.

En paralelo, la empresa enfrenta otro juicio. En 2023, la Federación, agrupando a 118 sindicatos, también acudió a la justicia y presentó una demanda por tutela laboral, en la que acusó la vulneración de garantías fundamentales por el cargo de operador de tienda. Piden que se cese de manera inmediata la aplicación de los contratos y una indemnización de $ 500 mil por cada socio. Ese proceso se encuentra en etapa de audiencias: las próximas se realizarán este mes.

La mirada de Walmart

Los dirigentes sindicales sostienen que no se oponen a migrar a la multifuncionalidad, pero afirman que Walmart no se ha apegado a los protocolos que han pactado. En la empresa, en cambio, refutan esa tesis y argumentan que han realizado mesas de trabajo para diseñar el modelo y las fases iniciales de la multifuncionalidad.

La tesis al interior de la compañía es que deben hacerse cargo de un contexto de cambio acelerado en el retail, que implica necesariamente avanzar hacia la multifuncionalidad. Fuentes ligadas a Walmart apuntan a que han capacitado a más de 34 mil trabajadores para el proceso y argumentan que el cargo de operador de tienda entrega mayores oportunidades de carrera y una aspiración a mejores salarios.

Contestando a la demanda de la Federación, la compañía señaló en tribunales que la fusión de cargos es indisoluble con la introducción y desarrollo de nuevas tecnologías: “Todo este impulso de modernización, que ha importado la eliminación y/o simplificación de gran cantidad de funciones, una alta inversión en herramientas de automatización y de autoservicio, etc., así como también la aparición de nuevas necesidades funcionales, ha tenido una evidente proyección en la dimensión laboral”.

Las figuras tras las organizaciones sindicales de la supermercadista

La Federación hoy es presidida por la dirigenta Karen González, pero en todo este proceso también ha estado participando estrechamente un asesor externo, Carlos Cano, quien es el director ejecutivo del Centro de Estudios del Trabajo (Cetra). Cano dirige esta organización junto a su pareja -ambos ligados al PS-, María Fernanda Villegas, exministra de Desarrollo Social en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, y hace casi 15 años que trabaja con los sindicatos de Walmart, que recién han vuelto a recontratar su asesoría. Hoy, el Cetra es un actor influyente no solo en la supermercadista, sino que en sindicatos de toda la industria del retail.

Cabe señalar que la figura de Cano ha molestado a otros dirigentes de Walmart que no están de acuerdo con que un asesor externo tenga tanta relevancia en los sindicatos. De hecho, nadie desconoce la rivalidad entre la Federación y el SIL y, además, entre Cano y Juan Moreno, dirigente histórico del SIL. Recientemente, Moreno también ganó un juicio contra la empresa, que buscó su desafuero luego de que acusara que ejecutivos presionaron a trabajadores para votar por la derecha en las presidenciales. Por lo pronto, el SIL también ha tomado la decisión de reclamar a la OIT contra el Estado chileno, nuevamente apuntando al tema de los contratos multifuncionales y la regulación en que estos se enmarcaron.